A vueltas con las autopistas: ¿quién pagará ahora su mantenimiento?

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El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de no renovar los contratos de concesión de las autopistas AP1, AP4 y AP7 fue recibido con aplausos por el conjunto de los españoles. El primero de los acuerdos finaliza en noviembre. Pero ahora llegan las primeras incertidumbres: ¿quién se encargará del mantenimiento de estas vías? Hay quien eleva este coste a 1.000 millones (que sería el de todas las vías de pago actualmente).

Además, han empezado a surgir los primeros colectivos que están en contra de esta medida. Y que esperan que se mantengan estos contratos y, por tanto, el pago por uso de estas vías.

Las cifras, al detalle

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El estado cuenta con más de 17.000 km de carreteras con dos o más carriles por sentido. De estas, sólo 3.000 son de pago (autopistas) y los contratos que expiran en los próximos dos años afectan a algo más de 400 km. Así, no serán tantos los usuarios que se puedan beneficiar de esta medida; sobre todo si nos atenemos a que apenas 19.113 conductores las usan cada día.

Los presupuestos cuentan de 2018 con una partida de 850 millones de euros para el mantenimiento de las carreteras el próximo año. Y, según los primeros estudios, se necesitarían alrededor de 200 más para el mantenimiento de estas vías (sin contar posibles reformas) que dejarán de ser pago próximamente. ¿De dónde saldrán este sobrecoste? Son varias las propuestas.

Propuestas de financiación

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Una de las posibles fuentes de financiación estaría en la subida de los impuestos al diésel; que, en realidad, es una equiparación de este con los que afectan a la gasolina. Sin embargo, la tendencia alcista que tienen en el mercado los modelos híbridos y eléctricos podría dar al traste con la previsión de ingresos. Otros apuntan a una doble imposición; una blanda para los usuarios de la vía; y una segunda de mayor cuantía para los vehículos pesados. El motivo de esta diferenciación está en que se prevé que estos vehículos las utilicen más y que, además, son los que más desgaste producen al asfalto.

Las últimas ideas simplemente confían en que este coste lo asuman los presupuestos del Estado. Aunque aquí salen las voces que señalan que sería injusto que se destinen a estos fines los impuestos de los usuarios que nunca emplean las autopistas.

Presupuesto corto

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Como ya indicamos antes, el Estado destina 850 millones a la conservación de las carreteras de nuestro país. Sin embargo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señala que esta cifra debería aumentar hasta los 2.500, mientras que las constructoras incrementan aún más estas cifras hasta los 3.700 millones de euros.

Estas cifras resultan muy altas, en comparación con la partida destinada por el Gobierno. Pero desde el RACE recuerdan que los conductores, mediante los impuestos que soportan, generan unos ingresos de 20.300 millones de euros al año, mientras que el Estado destinó 17.400 millones a la construcción y conservación de carreteras. Por lo que el sobrecoste podría salir de esta diferencia.

En contra de la medida

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Esta medida tampoco ha gustado a todos por igual. Los primeros que han alzado la voz han sido los trabajadores de las concesionarias. En juego hay 1.300 puestos de trabajo. Y ya se han producido las primeras manifestaciones.

En segundo lugar encontramos a los ecologistas. Señalan que estas autopistas soportarán un mayor tráfico lo que afectará al medio ambiente de estas zonas. Y quienes más podrían utilizarlo son los vehículos más contaminantes: los camiones. De estos señalan que podrían realizar viajes con el remolque vacío ante la gratuidad del desplazamiento, desaprovechando el traslado, cosa que no hacen ahora. Sin embargo, en esta proclama no han tenido en cuenta el coste que supone para un camión, o una empresa, el traslado de un vehículo de varios cientos de caballos y varias toneladas de peso en comparación con el coste del peaje.

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