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Los concesionarios, en contra del nuevo impuesto catalán

contaminación coche

 

Los ciudadanos de Cataluña tendrán que pagar un impuesto más por su vehículo que el resto de ciudadanos españoles. Este gravamen especial se ha introducido tras la aprobación de la Ley catalana contra el cambio climático (Ley 16/2017 del Cambio Climático), aprobada por el Parlamento catalán a finales de julio de este mismo año con el fin de gravar de forma extraordinaria a los vehículos más contaminantes.

La polémica está servida, ya que buena parte de los ciudadanos y alguna de las principales asociaciones automovilísticas se han mostrado reacios a esta medida. Es el caso de Faconauto, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automociòn, que ha mostrado su rechazo sobre este nuevo impuesto que aplica un gravamen especial a aquellos vehículos que tengan mayores emisiones de CO2.

Los ciudadanos, los mayores perjudicados

Para la patronal de los concesionarios, lo único que se consigue con este nuevo impuesto es incrementar las desigualdades, ya que el gobierno catalán no ha preparado, de forma paralela, un plan para renovar la flota automovilística. Por tanto, los ciudadanos de Cataluñapagarán más que el resto de españoles por tener un vehículo. Además, el impuesto solo penaliza la posesión del coche, no su uso, por lo que los más perjudicados, en este aspecto, serán los que tengan vehículos antiguos, aunque no los utilicen.

Teniendo en cuenta este nuevo impuesto, muchos catalanes podrían decidir no cambiar su coche o dejar comprarse uno nuevo si valoran, además del precio del vehículo, lo que les costaría este impuesto, teniendo en cuenta que no se les ofrece ningún incentivo a cambio para que compren vehículos propulsados por energías alternativas. Esto puede suponer un gran problema para la seguridad vial, ya que el parque automovilístico catalán tiene una edad media superior a los 11 años.

Por último, Faconauto también ha querido poner de manifiesto que, durante la elaboración de la Ley, no se han tenido en cuenta las opiniones de los distintos agentes del sector que, junto a los ciudadanos, al final son los más perjudicados por el impuesto.